DESPUÉS DEL LÍDER: QUÉ QUEDA DE UN ESTADO CUANDO SU FIGURA PRINCIPAL DESAPARECE

Por Julieta Pitaluga

Durante décadas, ciertos países han funcionado menos como Estados con instituciones propias y más como la prolongación política de una sola persona. Sucedió con Hafez y luego Bashar al-Assad en Siria, con Muamar el Gadafi en Libia, y ocurre en otros regímenes personalistas alrededor del mundo. La pregunta que interesa a analistas, diplomáticos y ciudadanos es siempre la misma: ¿qué queda del Estado cuando ese líder cae?

La respuesta, como muestran los dos casos que siguen, no es única. Puede desembocar en una transición institucional frágil pero funcional, como intenta ser la de Siria, o en el colapso total del aparato estatal, como ocurrió en Libia.

Siria: una transición institucionalizada, pero sin monopolio de la fuerza

El 8 de diciembre de 2024, Bashar al-Assad abandonó el país tras una ofensiva relámpago liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que había comenzado apenas once días antes con la toma de Alepo. Con su salida se cerraron más de seis décadas de dominio de la familia Assad y trece años de guerra civil.

A diferencia de otros colapsos de régimen, en Siria no hubo un vacío institucional prolongado. En enero de 2025, Ahmed al-Sharaa, líder de HTS, fue proclamado presidente de transición. Dos meses más tarde entró en vigor una declaración constitucional interina, y en octubre de ese mismo año se conformó un parlamento provisional, la Asamblea Popular.

Sobre el papel, Siria avanzó rápido: gobierno, constitución y legislatura en menos de un año. En la práctica, la realidad es más ambigua.

Un Estado con gobierno, pero sin control total del territorio ni de las armas

El problema central de la nueva Siria no es la falta de instituciones, sino la falta de monopolio legítimo de la fuerza. Hacia fines de 2025, las fuerzas leales al gobierno interino (mayoritariamente provenientes de HTS) controlaban el oeste del país y los principales centros urbanos, incluidos Damasco y Alepo. Pero el noreste seguía en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), de mayoría kurda, mientras que el norte fronterizo quedaba bajo control del Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía. La relación entre estos dos últimos actores continúa siendo tensa.

Esa fragmentación tiene consecuencias concretas. El propio gobierno de transición no logra controlar por completo a sus propias fuerzas, lo que derivó en marzo de 2025 en episodios de violencia en zonas costeras contra la minoría alauita, la misma comunidad de la que provenía la familia Assad. Los combates no cesaron del todo en 2026, año en que un nuevo enfrentamiento obligó a negociar un acuerdo adicional con las SDF kurdas.

Justicia transicional y reconstrucción económica

Uno de los rasgos distintivos del proceso sirio es el intento de construir mecanismos de justicia transicional. En mayo de 2025, el nuevo presidente creó por decreto dos organismos: una Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, encargada de documentar el destino de los desaparecidos del conflicto, y una Comisión Nacional de Justicia Transicional. Esta última trabaja en una ley que, según se informó en noviembre, buscará alcanzar abusos cometidos por todas las partes del conflicto, incluido el propio régimen de Assad y los grupos opositores armados e incorporar crímenes de derecho internacional que hoy no están tipificados en el Código Penal sirio.

En el plano económico, el contraste es elocuente. Antes de las protestas de 2011, Siria tenía un PIB cercano a los 60.000 millones de dólares; para el momento de la caída del régimen, en 2024, esa cifra era apenas una fracción de la original. En 2025 las nuevas autoridades reportaron un PIB de unos 32.000 millones de dólares y un superávit presupuestario, pero la recuperación macroeconómica convive con una emergencia humanitaria persistente: más del 70% de la población, unos 16 millones de personas, sigue necesitando asistencia humanitaria, según la ONU.

Siria también comenzó a reinsertarse diplomáticamente: desde abril de 2026 sus funcionarios participaron en reuniones del FMI y el Banco Mundial por primera vez en más de dos décadas, y en mayo la Unión Europea restableció la plena aplicación de su Acuerdo de Cooperación con Damasco, aunque mantuvo sanciones dirigidas a figuras del antiguo régimen.

Siria hoy es un Estado con instituciones formales pero con soberanía territorial compartida de facto entre distintos actores armados, una economía en recuperación lenta y una sociedad que exige rendición de cuentas por décadas de represión.

Libia: el otro extremo, un Estado que dejó de existir como tal

Si Siria representa una transición frágil pero en marcha, Libia es el ejemplo de lo que ocurre cuando ese proceso directamente fracasa.

La caída de Gadafi y el vacío que dejó

El 20 de octubre de 2011, Muamar el Gadafi murió a manos de milicias rebeldes en Sirte, tras ocho meses de guerra civil que contó con una intervención militar de la OTAN, autorizada por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. A diferencia de Siria, en Libia el ejército nacional estaba profundamente corrompido y desorganizado antes incluso de la caída del régimen, por lo que no pudo cumplir un rol de mediación entre el antiguo poder y la sociedad civil.

En su lugar se formó el Consejo Nacional de Transición (CNT), un organismo cuyo único punto de unión real entre sus integrantes era, precisamente, haber contribuido a derrocar a Gadafi. Esa ausencia de un proyecto político compartido resultó decisiva: el nuevo gobierno no logró construir instituciones sólidas ni imponerse sobre las cientos de milicias armadas que habían combatido contra el antiguo régimen y que, tras la victoria, no se desmovilizaron.

De la fragmentación institucional a la guerra civil

La crisis se profundizó con los años. En 2014, el general Khalifa Haftar, antiguo aliado de Gadafi y luego opositor exiliado,  lanzó la operación "Dignidad" contra los grupos armados islamistas del este del país, lo que derivó en un conflicto abierto entre dos gobiernos rivales: uno en el oeste, de orientación islamista y respaldado por la ONU, Turquía, Qatar y la UE, y otro en el este, liderado por Haftar. Esa guerra civil se extendió, con distintas intensidades, entre 2014 y 2020.

El resultado, según coinciden distintos análisis, fue la consolidación de Libia como un Estado fallido: un país incapaz de proveer bienes públicos esenciales, empezando por la seguridad física, a su población, fracturado en divisiones geográficas, tribales y políticas, y con una fuerte presencia de grupos yihadistas que encontraron en el vacío de poder un terreno fértil para reclutar seguidores.

Más de una década después de la muerte de Gadafi, Libia sigue sin lograr una reconciliación política duradera. Especialistas en la región coinciden en que el caso libio deja una lección central: una transición posconflicto no se resuelve solo con elecciones simbólicas, sino que exige construcción de instituciones estatales, profesionalización de las fuerzas armadas y un compromiso sostenido con los derechos humanos, algo que en Libia nunca terminó de ocurrir.

Las caídas del líder

La caída de un líder supremo no equivale a la refundación automática de un Estado. Lo que sigue depende de si existe algún actor capaz de ejercer autoridad de forma mínimamente unificada, de sí las fuerzas armadas heredadas del antiguo régimen pueden reconvertirse o son reemplazadas por una nueva estructura, y de si la comunidad internacional acompaña el proceso con herramientas de reconstrucción institucional en lugar de limitarse a facilitar la salida del líder.

Siria, año y medio después de Assad, se encuentra en un punto intermedio: tiene gobierno, constitución y parlamento, pero no un monopolio pleno de la fuerza ni una paz social consolidada. Libia, más de una década después de Gadafi, muestra el escenario que Siria busca evitar: el de un país que, tras la euforia inicial de la caída del "hombre fuerte", terminó por perder la condición misma de Estado funcional.